APRO.- Un juzgado federal aceptó una demanda interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad Civil del Estado Mexicano (ONRE), en contra de las empresas constructoras contratadas para realizar las obras de los tramos cuatro y cinco del Tren Maya.
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El recurso implica directamente a Grupo México, la empresa que preside el magnate Germán Larrea Mota Velazco y a la trasnacional española Acciona.
Además, va contra tres razones sociales de la constructora ICA, que preside Bernardo Quintana.
La demanda fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, bajo el concepto de acción colectiva de tipo difusa y reclama daños iniciales por 26 mil millones de dólares, como cuantificación inicial por daños ambientales.
De acuerdo con Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la ONRE, la cifra es la estimación primaria para la reparación, reintegración, remediación y reposición de los daños ecológicos y sus servicios ambientales.
La ONRE es una asociación civil especializada en la representación colectiva de afectados por políticas públicas o acciones gubernamentales y privadas que, en este caso, representa a varios colectivos de ciudadanos, ambientalistas y habitantes de la región.
Guerrero Rojas explicó que la documentación con la que se integró el expediente demuestra “la devastación total de selva media y alta subperennigolia, subcaducifolia” que estaba en excelente estado de salud, en 240 hectáreas.
Además, la muerte de unos 20 jaguares que son especie protegida y la fragmentación de la Cuenca Hidrológica de la Península de Yucatán, que implica severos daños ambientales, entre otros conceptos.
El asunto quedó radicado en la acción colectiva 22/2022 en el dicho juzgado octavo.