La Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) informó que luego de un análisis de la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado, determinó que no es violatoria de los derechos humanos y es por esto que no interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la misma.
Te podría interesar
- Últimas horas para promover acción de inconstitucionalidad
“Es constitucional”, reitera Kuri sobre Ley de Aguas
- Quedan tres días
Sociedad civil, a contrarreloj para lograr acción de inconstitucionalidad de la Ley de aguas de Querétaro
- Ley de Aguas
Nueva marcha de organizaciones defensoras del agua en Querétaro
Mediante un boletín de prensa informó que realizó un análisis técnico jurídico de la ley y estableció una mesa de trabajo junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la revisión de la misma, por lo que posterior a los trabajos determinó que no es violatoria de las garantías.
“Tras considerar el marco constitucional y convencional en la materia, así como las determinaciones previas realizadas por la CNDH, ambos organismos concluyen que no se detecta una violación a los Derechos Humanos que pudiera impulsar el inicio de un proceso judicial de garantías constitucionales” se lee en el documento.
Añadió que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que hay cuatro organismos capaces de interponer las acciones de inconstitucionalidad: el Poder Ejecutivo Federal, las propias Legislaturas locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los órganos garantes locales de derechos humanos.
“Es importante recalcar que, hasta el momento, ninguna de las cuatro instancias con esta facultad prevista en la Constitución la han ejercido”, señaló.
En el último día para interponer el recurso la defensoría también señaló que el análisis de la ley está disponible en la página de internet del organismo, así como que las medidas cautelares respecto al uso de la fuerza contra manifestantes en contra de la ley fueron aceptadas por la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Ciudadana del estado.