APRO.- Once años después, los deudos del ataque incendiario en el Casino Royal, que dejó como saldo 52 personas fallecidas, recibieron una disculpa pública de representantes de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, los afectados recordaron que la impunidad prevalece.
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Por el asalto perpetrado por un comando del Cártel de los Zetas en la casa de apuestas en la colonia San Jerónimo, al poniente de la ciudad, el 25 de agosto del 2011, el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, se disculpó en nombre del Gobierno Federal.
Reconoció que frente a este “acto de terror cometido por criminales”, el Estado mexicano en su conjunto fue incapaz de garantizar las condiciones de seguridad integridad y protección que corresponde a todas las autoridades en el país.
“Vengo a nombre del Gobierno de México a cumplir con esta recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es nuestra responsabilidad, si no que lo hacemos con plena convicción, pues desde el momento que ocurrieron los hechos hemos acompañado la lucha.
"Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera sin dobleces y sin ambigüedades, pues hay que reconocer que en este acto de terror y de barbarie se cometieron violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, seguridad jurídica a la integridad física, seguridad personal y a la vida, en agravio de al menos 63 víctimas identificadas, de sus familias y de toda la sociedad de nuestro país”, dijo.
En el acto, que tuvo lugar en el estado de Nuevo León, también participaron la comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez; el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enrique Irazoque; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; y el secretario general de Gobierno del estado, Javier Navarro.
Aunque hubo palabras de consuelo para los familiares reunidos, para cumplir con la recomendación 66/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ninguno de los funcionarios que pidió la palabra habló de avances en materia de justicia o de indemnizaciones.
Fue Colosio Riojas el que hizo el pronunciamiento más severo, al señalar que las autoridades de ese tiempo, le dieron la espalda a las víctimas, los deudos y a la ciudadanía en general, cuando su deber era dar la cara para responder por los hechos.
“El gobierno les debe perdón mil veces. Perdón, porque no se investigó para saber la verdad y miraron a otro lado; perdón, porque no se siguieron a los culpables y los dejaron libres; perdón, porque no se les dio la cara a ustedes, porque se les escondieron, y eso es una falta de respeto y de insensibilidad de todo gobernante. Hoy, a 11 años, aunque muy tarde, a nombre de la Ciudad de Monterrey, y del mío propio del pido de corazón: perdón”, dijo el edil de Movimiento Ciudadano.
A nombre de los deudos, Samara Pérez lamentó que tras los hechos, el presidente Felipe Calderón emprendiera su propia cacería de culpables pues eso ocasionó que la Procuraduría General de la República detuviera decenas de corresponsables, aunque, ninguno fue acusado de homicidio.
Y a nivel local, se dijo indignada porque muchos de los acusados han promovido amparos para evitar que se les procese por homicidio calificado.
Y en todos los casos, dijo, no hay un solo sentenciado por los hechos, en los que hubo aproximadamente 30 involucrados, sin que se sepa con precisión cuántos.
Y ninguna autoridad administrativa fue responsabilizada de nada, lamentó.
Sin embargo, la representante de los deudos, quien el día de los hechos perdió a su hijo Brad Xavier, aceptó la disculpa al señalar que es un “parteaguas”, para que no se vea la tragedia con tintes políticos como lo hicieron anteriores administraciones de gobierno.
Pérez lamentó que el gobernador Samuel García no estuviera presente en el acto solemne, y que enviara a un representante: “Es muy lamentable que no se encuentre hoy el señor Gobernador, porque deberíamos de verlo y decirle, ¿dónde está nuestro nuevo Nuevo León?”