El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, llamó a las madres y los padres de familia, y a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, para que tengan confianza en la investigación a quienes aseguró que continuará e irá a fondo.
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“A ocho años de este caso, no se cierra la investigación, no hay marcha atrás para ir a fondo y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asiste a los muchachos, sus familiares y la sociedad. Se han dicho muchas barbaridades producto del dolo, de la ignorancia y de la mala fe, y por supuesto que nosotros estaremos siempre dispuestos a esclarecer estos hechos”, reafirmó.
En el marco de la jornada nacional de lucha que llevan a cabo los padres y madres de los estudiantes desparecidos, aseguró que el Gobierno de México refrenda que existen todas las garantías y condiciones para que movilizaciones como las que hasta ahora se han llevado a cabo, se desarrollen sin ninguna limitación.
Por ello los llamó a no efectuar actos de provocación y deslindó la presencia y actividad de las madres y los padres de quienes realizan estos actos.
Reconoció la legitimidad de las demandas de las madres y padres de familia en torno a la exigencia de la búsqueda de sus hijos, incluida la presunción de vida, a pesar de no contar con indicios de ello, así como para exigir que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, “que en muchos casos serán más que las 46 que hemos señalado por la investigación ministerial que está llevando la Fiscalía General de la República”.
Detalló que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ha aportado más de 45 mil documentos y que hasta el momento han emitido 121 resoluciones judiciales absolutorias a las personas responsables de haber perpetrado los hechos de la desaparición, algunas de las cuales, no tienen derecho a la libertad porque cuentan con otros procesos abiertos.
No obstante, abundó que se ha liberado a 77 personas que fueron víctimas de tortura, incluso, a algunos de los responsables de la desaparición, particularmente a los policías municipales, “todas estas libertades se han fincado en los malos procedimientos que la entonces Procuraduría General de la República a través de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada)”, precisó.