Advierten privatización del agua en Querétaro; pretenden aprobar iniciativa en fast track

Alrededor de 30 organizaciones, activistas y ambientalistas protestaron en rechazo a las dos iniciativas de Ley de Aguas presentadas ante la LX Legislatura de Querétaro por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), pues señalan que es una entrada a la privatización del servicio.

Claudia Elvira Romero Herrera, de la organización Bajo Tierra Museo del Agua, explicó que, al no existir una regulación clara, desde los años noventa se han otorgado 22 concesiones de agua en Querétaro; por lo que, si se aprobaran las dos iniciativas presentadas ante el Congreso local, se legalizaría la privatización del agua de manera abierta. 

"Las primeras concesiones se otorgaron directamente por la Conagua porque antes la Ley de Aguas Nacionales sí autorizaba que pudieran concesionar agua para abastecimiento público a los privados. Eso se derogó y actualmente ya no se puede. A partir del 2006 las concesiones las comenzó a dar la Comisión Estatal del Agua (CEA) y los municipios", detalló. 

De acuerdo con investigaciones académicas realizadas por el equipo socioterritorial de Bajo Tierra Museo del Agua y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), a partir del 2007 se comenzó a observar el otorgamiento de concesiones a privados; mismos que principalmente favorecieron a desarrollos inmobiliarios. 

Precisó que la privatización del agua es un modelo que no resuelve los problemas que enfrenta la entidad, además de que favorece el acaparamiento, la urbanización excesiva, el aumento de conflictos hídricos y deja desprotegidos a los consumidores.

"Se piensa erróneamente que la privatización es uno de los problemas del agua, pero en Querétaro es el problema principal, porque deriva en problemas de contaminación, acaparamiento, de injusticia y desigualdad hídrica (…) Es un problema central y dos de los riesgos más fuertes es la indefensión en la que quedan los ciudadanos, en la justiciabilidad de los derechos, como ya les pasó al fraccionamiento de La Pradera, en el municipio de El Marqués", profundizó. 

Explicó que el modelo de concesionar el servicio “para realizar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas destinadas a la prestación de los servicios de agua potable para uso doméstico o público urbano”, como lo estipulan los proyectos de ley, coincide con los modelos señalados por las Naciones Unidas como privatizadores.

Sobre ese tema, el relator de las Naciones Unidas para los Derechos de Agua y Saneamiento, Leo Heller, publicó un informe especial sobre los impactos de la privatización en al menos 15 países. 

En el documento especifica que el servicio público brindado por agentes privados compromete la garantía de derechos, ya que prevalece la lógica de lucro de los operadores, el monopolio y la captura del Estado, que termina sometiéndose a la presión de éstas.

Como consecuencia observó que, lejos de aumentar eficiencia y facilitar acceso al agua, el manejo privado conlleva en muchos casos un deterioro de los servicios, desigualdad en el abastecimiento y obstáculos para la rendición de cuentas, el acceso a la información, y la justicia.

La activista Mary Ibarra, comentó que la iniciativa del PAN y QI refiere que el manejo de agua se dará a través de concesiones; mientras la del PRI, si bien incluye la municipalización del servicio, estipula las condiciones del otorgamiento de las concesiones y el tiempo en que estarán vigentes. 

La propuesta de ley del PRI, en su artículo 85 establece que más concesiones podrán otorgarse hasta un plazo de 15 años y ampliar su vigencia por un tiempo igual al de la concesión original. 

En la iniciativa del PAN y QI se dedica un capítulo al tema de las concesiones. Específicamente del artículo 115 al 131. 

En el artículo 128 refieren que las concesiones podrán otorgarse por un lapso de hasta 20 años y prorrogables hasta por un plazo igual al originalmente otorgado. 

No obstante, la priista Graciela Juárez, impulsora de uno del otro texto, señaló que en ningún momento se ha planteado la privatización del agua en Querétaro. 

El diputado Manuel Pozo, integrante de la comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, en donde se discuten las iniciativas, aseguró que no sé aprobará en Fast Track, aunque reconoció que no se tiene planteado por el momento la organización de foros para su discusión, tal como lo han solicitado las organizaciones.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, en entrevistas a medios de comunicación, niega que se quiera privatizar el servicio del agua y por el contrario señala que se busca darle orden.

“Buscamos ciertas regulaciones, que se sepa qué le corresponde a cada uno en el marco de la ley. Es una ley que va a ser muy buena para Querétaro”, puntualizó.